En la Municipalidad de la ciudad de La Plata, concomitantemente con la precariedad heredada del sistema de gestión de políticas públicas, se carece de un sistema de clasificación y gestión del acervo documental de carácter administrativo así como del de carácter histórico.
La gravedad de esta última circunstancia, tiene que ver con el compromiso constitucional, incorporado en la reforma de 1994, de preservar los bienes culturales de la Nación en sus diferentes modalidades y manifestaciones.
Y también con la sanción de la Ley Nº 27275 promulgada el 14 de setiembre de 2016 que establece para todo el pueblo argentino el derecho de acceso a la Información Pública.
Destruir o simplemente dejar en situación de deterioro progresivo la documentación administrativa pasada y presente, error en el que incurrieron algunas administraciones, violenta claramente tanto la instrucción constitucional como la voluntad legislativa de preservar el derecho a la información.
Pero asimismo, la falta impide a los investigadores, pensadores, historiadores y publico en general abrevar en la historia y extraer de ella las lecciones que permitan comprender el tiempo presente y contribuir al diseño de un futuro mejor que incluya la felicidad del pueblo con justicia social.
La presente administración del Intendente Julios C Alak ha insistido en recuperar la verdadera naturaleza urbanística y social del acto de creación de la ciudad de La Plata, la primera ciudad planificada de Sudamérica y reconocida mundialmente por el proyecto sanitarista que la define.
Para cumplir con el propósito de construir un Archivo General que responda al proyecto de ciudad y que de satisfacción al pueblo platense respecto de su pasado histórico así como del presente de su gestión, es necesario sentar las bases para la gestión archivística de la producción documental, a partir de una visión integrada e integral que comprenda archivos históricos y administrativos como soportes para la memoria institucional y el efectivo ejercicio de derechos individuales y colectivos.
Ello permitirá entonces, promover procesos de toma de decisiones públicas y de control de la gestión basados en antecedentes documentales; colaborar con el acceso a la información pública en los términos de la legislación vigente; contribuir con el ejercicio de los derechos a la verdad, a la memoria y a la justicia de conformidad con las disposiciones aplicables; fomentar la cultura archivística y promover el uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones en la materia, tanto para la gestión como para la difusión del patrimonio documental y colaborar en el efectivo ejercicio de derechos individuales y colectivos a partir de la información preservada en documentos de archivo.
Esa tarea archivística a acometer, implica básicamente atender a los siguientes procesos: Evaluación sobre el posible valor histórico, probatorio o testimonial de los documentos del acervo; generar las condiciones para la conservación y preservación de los mismos; Identificar, Clasificar y Describir los fondos y series documentales; Digitalizar para preservar y hacer accesible a los pueblos del mundo y por Internet la historia de la Capital de la Provincia de Buenos Aires.